República Dominicana: País Pequeño, Estado Grande
Por: Alfredo Cruz Polanco (
alfredocruzpolanco@gmail.com
)
A veces confundimos el término País
con el de Estado, por lo que consideramos
oportuno aclarar cada uno de estos conceptos.
Un país es una extensión
territorial delimitada y habitada por un conglomerado humano; una entidad políticamente
independiente con su propio sistema político-social y jurídico, instituido en
una constitución, con un conjunto de leyes adjetivas, una misma cultura y
costumbres; un idioma oficial; fuerzas armadas y policiales; símbolos patrios bien
definidos (bandera, himno y escudo), con un sistema de gobierno y una
administración establecida.
Un Estado es una
organización social, económica, política soberana y coercitiva, conformada por
un conjunto de instituciones, que tiene el poder de regular la vida nacional en
un territorio determinado y que es
reconocida por la comunidad internacional.
La República Dominicana es un país con una extensión territorial de más
de 48,000 kilómetros cuadrados y una población, según el último Censo de
Población y Vivienda, de 9.4 millones de habitantes; ocupa más de las dos
terceras partes de la Isla de Santo Domingo, la cual comparte con la hermana
República de Haití.
Está dividida política y administrativamente en 1 distrito nacional, 31 provincias,
155 ayuntamientos, 232 distritos municipales y una apreciable
cantidad de secciones y parajes, superando a muchos países con mayor extensión
territorial y densidad poblacional. Actualmente cuenta con más de 3,000
instituciones públicas.
Hay sectores, que aun conociendo esta realidad, pretenden continuar
fraccionando el territorio nacional. En la medida en que éste se continúe
subdividiendo, habrá que crear nuevas instituciones públicas, por tanto, se
requerirá de un mayor Presupuesto Nacional. Agotadas ya todas las fuentes de generación
de ingresos, no quedaría otra alternativa que prorratear el actual, a menos que
se contemple generar nuevas cargas impositivas. Como consecuencia de estas
medidas, aumentarán las labores de los organismos responsables de la fiscalización
y control de la gestión pública, como son: la Cámara de Cuentas y la Contraloría
General de la República.
Estos organismos, en consecuencia,
tendrán que invertir cada vez más en recursos humanos, en equipos y
tecnologías; en formación y capacitación profesional, y con el bajo presupuesto
que estas reciben, resulta imposible poderlas fiscalizar a todas, con la
eficiencia, calidad y oportunidad requeridas.
Es pertinente destacar, por ejemplo, que la República de Cuba tiene
una extensión de casi 111,000 kilómetros cuadrados, con más de 11 millones de
habitantes y sólo tiene 15 provincias.
La grandeza de nuestro país no
debe medirse sobre la base de la cantidad de instituciones gubernamentales
existentes, que realizan prácticamente las mismas funciones, con un exceso de
burocracia; debilidad y deficiencia institucional, sino, por la eficiencia y
fortaleza de éstas.
El caso más patético lo observamos en el sector transporte, en el
cual coexisten los órganos siguientes: Dirección General de Tránsito Terrestre,
Oficina Técnica de Transporte Terrestre, Autoridad Metropolitana de Transporte,
Oficina para el Reordenamiento del Transporte, Oficina Metropolitana de Servicios
de Autobuses, Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre, entre otras. Consideramos
que si estas entidades se aglutinaran en una sola, se pudiera lograr una mayor
eficiencia a un menor costo para el Estado y menos riesgos de que se violenten
las leyes.
La reingeniería del aparato burocrático estatal en la coyuntura
actual, debe partir de una revisión integral a su estructura orgánica, para que
en la misma sean eliminadas estas distorsiones y se reenfoque conforme a la
nueva visión moderna de país, definida en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que ha sido establecida por
el superior gobierno, mediante la ley N° 1-12.
El
Autor es Miembro de la Cámara de Cuentas de la República
