La película apenas comienza
Manuel
Vólquez.
Decenas
de haitianos están penetrando irregularmente a la República Dominicana con la
intención de ser incluidos en el Plan Nacional de Regularización que se
apresta a implementar el Estado dominicano, denunció el vicecónsul en
Puerto Príncipe, Haití, Antonio García Lorenzo.
Esta
noticia era de esperarse, pues la medida estatal abre las puertas al
oportunismo y al desesperado esfuerzo de los haitianos indocumentados por
radicarse de manera definitiva en la República Dominicana, un proyecto
apadrinado por organismos internacionales a través de las ONGs en el interés de
encontrar una salida salomónica a la crisis que afecta a nuestros vecinos.
Es
un secreto a voces que hay países ricos metidos de lleno en esta trama; de ahí
los constantes ataques contra el país, luego de la sentencia del Tribunal
Constitucional que ordena al gobierno regularizar el desorden migratorio que
impera aquí, que a fin de cuenta los más favorecidos en estos momentos son los
haitianos indocumentados.
Nuestra
frágil frontera es el hueco por donde se filtran hombres, mujeres y hasta niños
del vecino país en confabulación con militares radicados en los puestos de
vigilancia en las carreteras del sur y norte, específicamente, y choferes de
minibuses que se encargan de transportarlos y cobrar por ellos. Para esta
gente, el dinero tiene más importancia que nuestra soberanía.
Me
inclino por los buenos dominicanos que han hecho un llamado de alerta para que
se tomen medidas drásticas y extraordinarias en los puntos fronterizos para
evitar la entrada de inmigrantes a través de Haití o mediante trasiegos
deshonestos de instituciones extranjeras que tratarán, tal vez, de gestionar
documentaciones dominicanas a personas traídas a nuestros escenarios con esos
propósitos.
Sabemos
que la aplicación de la Ley de Naturalización tiene su importancia en términos
políticos y sociales porque le quitará al gobierno una presión diabólica de
carácter internacional, sobre todo la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos (CIDH) y el Caricom, organismos que abogan para que se busque “una
salida humanitaria” a la situación de los indocumentados haitianos, aunque se
resisten a aceptarlos en calidad de inmigrantes en sus territorios.
La
parte más clara del caso radica en que diversos sectores del país consultados
al respecto, ya dieron su respaldo al Poder Ejecutivo, lo que representa un
buen punto a favor de las autoridades.
La
población haitiana crecerá de manera extraordinaria en el país a partir de la puesta
en vigencia de esa ley. Esa será la
forma más fácil de obtener una residencia dominicana, pese a que las
autoridades se adelantaron para garantizar que eso no ocurrirá. La entrada de
esas personas hacia el territorio nacional deja buenos beneficios económicos a
las redes que trafican con ilegales. De ahí nuestra inquietud.
Por
un lado, se ha obtenido una victoria al resolver parte del caso. Ahora,
esperemos la parte más negativa del problema y preparémonos para el ingreso
masivo de indocumentados de todas partes del mundo, sobre todo de mafiosos y
criminales internacionales, prófugos de la justicia de sus respectivos países,
que toman a la República Dominicana como refugio, disfrazados de
inversionistas.
Sin
querer entrar en el espacio del pesimismo aberrante (ojalá ocurra un piadoso
milagro), apenas comienza a desarrollarse la película. Nuevos escarceos
jurídicos podrían venir.
