Diputado dice urge Aprobación Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal
El
diputado del Partido Reformista Social Cristiano, por la provincia de Santo
Domingo,el licenciado Omar De Marchena, al criticar los niveles de la actual Deuda
Pública, declaró que este es el principal reto que debe enfrentar la economía
dominicana, en estos momentos.
Manifestó
el legislador reformista, que la Deuda Pública se ha multiplicado casi por
siete, desde el año 2000hasta la fecha, como consecuencia de que el gobierno gasta
más de lo que ingresa.
“Cada
vez que el Congreso Nacional aprueba un presupuesto deficitario donde el gasto
público es mayor a los ingresos fiscales, se incrementa la deuda pública. La
Republica Dominicana debe aplicar la ley de presupuesto a cabalidad y aplicar
políticas públicas que permitan la sostenibilidad fiscal,” explicó
En
ese sentido Omar de Marchena manifestó que en un país de economía emergente con
debilidades institucionales, frágil situación fiscal, y crisis de confianza en
la administración pública, debe abocarse a una ley de responsabilidad fiscal
que ayude a ordenar las finanzas públicas.
“Una
Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, ayuda a sanear y transparentar el
proceso de presupuesto, mejorar la calidad del gasto público, controlar el
nivel de endeudamiento, y además, provee un marco para que los hacedores de
políticas públicas puedan considerar los efectos de sus decisiones en el largo
plazo. Todo esto, siempre y cuando exista un verdadero compromiso de la
administración con un manejo responsable de sus recursos, bajo el marco de la Constitución
y las leyes,” expresó.
Finalmente
el joven diputado del PRSC por la provincia de Santo Domingo,comentó que una
Ley de Responsabilidad Fiscal debe aplicar una buena nacionalidad del gasto
público; una buena formulación y ejecución del presupuesto del Estado y
establecer mecanismos de control del gasto público; así como, debe realizarse
la rendición de cuentas del gobierno como lo establece la ley, hacer
proyecciones de metas fiscales, con una planificación con criterios a mediano y
largo plazo de los mecanismos de evaluación, pero al mismo tiempo tener a mano indicadores
de desempeño del sector público, y, lógicamente, reducir la deuda pública a
niveles sostenibles para evitar males mayores en el futuro.
