El Dr. Fulgencio Severino, presidente del Movimiento Patria Para Tod@s acusó al presidente Danilo de ser el responsable del crecimiento del delito y la criminalidad.
El
presidente no hace nada ante el crecimiento de la riqueza que exhiben funcionarios
civiles y militares de su gobierno a pesar de que los salarios no son
suficientes para justificar dicha riqueza
El
acoso de funcionarios del gobierno a los suplidores del estado es generalizado.
El tráfico de drogas en los barrios y residenciales es abierto. Hay complicidad
con el delito y el crimen en el gobierno porque los funcionarios civiles y
militares están involucrados en los mismos.
En
muchas comunidades los traficantes y consumidores de drogas forman parte del
equipo de campaña de funcionarios del gobierno y cuando son apresados ellos
mismos gestionan su libertad y su fuga.
La
decisión de lanzar los militares a las calles es para reprimir a las personas
decentes, quienes serán paradas y registradas para atemorizarlas. Es un
mecanismo represivo para detener la inconformidad de la población ante la
desgracia que vive.
Igualmente
dijo que los jueces son cómplices e ineficaces pues son alegres con sentencias
favoreciendo a personas que cometen delitos y en especial cuando se trata del
delito gubernamental y el alto tráfico de drogas.
El
Dr. Fulgencio Severino, dijo que una verdadera acción contra el delito debe
empezar por detener el delito de los funcionarios y para eso propone
1.
Se cree una comisión ética
independiente del gobierno que audite la
riqueza de funcionarios civiles y militares de los últimos 10 años y junto a la
procuraduría investiguen a todos los que no demuestren el origen de su riqueza
y sea sometido a la acción de la justicia y los bienes les sean expropiados.
2.
Depurar la policía
nacional inventariando los bienes y servicios que disponen y solo aquellos que
viven en decencia permanezcan en esta institución y se le mejoren sus salarios
3.
Intervenir las
comunidades, residenciales y barrios contra el tráfico de droga en todo el país.
Asignar 300 policías por cada 100 mil habitantes y distribuirlo con objetivo
claro de vigilancia y detección del tráfico y el crimen.
4.
Desarrollar un programa de
empleos para jóvenes recuperados que estén vinculados con el tráfico y el
delito.
5.
Crear una comisión del
poder judicial que audite los expedientes vinculados con el delito y si se
comprueba acciones contrario a la justicia de parte de los jueces, estos sean
sometidos a investigación, destitución y a la justicia
