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Opinión

La Constitución de San Cristóbal[1]

La Constitución de San Cristóbal[1]

Por Nelson Rudys Castillon Ogando

Es indiscutible que el nacimiento del Estado dominicano

estuvo inspirado fundamentalmente en la denominada “Manifestación de los pueblos de la parte del Este de la Isla antes Española

o de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de la República Haitiana”,

del 16 de enero de 1844. En este documento, considerado como una

Pre-Constitución, se visualiza el futuro Estado dominicano, enunciando las

garantías individuales que serian dispensadas a los ciudadanos.

Así es como, una vez consolidada la independencia, una de

la medidas más trascendentales de las tomadas por la Junta Central Gubernativa,

fue convocar mediante el Decreto No. 14, del 24 de julio de 1844, los pueblos

para la elección de 32 Diputados que integrarían el Congreso Constituyente, el

cual debía reunirse en la común de San Cristóbal el día 20 de septiembre de ese

mismo año, para proceder a la elaboración de la Constitución que serviría de

fundamento legal al naciente Estado dominicano.

Para la fecha, el patricio Juan Pablo Duarte ya había

elaborado un proyecto de ley fundamental

pero, evidentemente, la comisión designada no lo tomó en cuenta y prefirieron

inspirarse en la Constitución norteamericana de 1787, en todo lo referente al

Poder Ejecutivo, siguiendo el régimen presidencialista establecido en esa Constitución.

También, se sintieron atraídos por la Declaración de los

Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y en la Constitución de Cádiz de

1812, la cual se utilizó como marco de referencia para elaborar lo concerniente

a los secretarios de Estado y al Poder Municipal. No faltan autores que señalan

que nuestros primeros constituyentes se inspiraron en la Constitución haitiana.

Lo cierto es que el entonces Proyecto de Constitución establecía,

entre otras, cuál debía ser la forma de gobierno, delimitaba el territorio del

Estado, concebía los derechos de los dominicanos y precisaba todo lo referente

a los poderes del Estado. Así fue presentado al Congreso Constituyente para su

debida discusión que inició desde el día 22 de octubre de 1844.

Los debates se realizaron sin grandes dificultades,

primero, por el espíritu civilista de los hombres que integraron el Congreso Constituyente

y, segundo, por los conocimientos que tenían muchos de los miembros de las experiencias

constitucionales de otros países. No obstante, hubo un incidente digno de

mencionar que fue el altercado promovido por el General Pedro Santana quien entendía

que el gobierno del nuevo Estado debía ser militar y no civil como había

contemplado originalmente el informe preparado por la comisión ad-hoc.

Ante esa posición intransigente del castrense y político

Santana, en principio se desestimó su petición de un gobierno militar, sin

embargo, el laureado por la Reina Isabel II de España como Marqués de Las

Carreras, logró parcialmente su objetivo porque obtuvo, gracias a la presión

militar realizada, que el constituyente de San Cristóbal claudicara e incluyera

el funesto articulo 210, que le otorgaba al presidente de la República poderes

excepcionales y lo exoneraba de toda responsabilidad por las medidas que

pudiera tomar.

Ese artículo 210 constitucional estaba en contradicción

con los artículos 58 y 67 de la misma Constitución, que contemplaban todo lo

referente a la formación de un juicio político contra el presidente de la República.

A pesar de todo, en un ambiente de expectativas por la inclusión

de los poderes que otorgaba el citado artículo, fue promulgada por el

Congreso Nacional

dominicano

,

reunido extraordinariamente en

San Cristóbal

el 6 de noviembre de

1844, la primera Constitución de la República Dominicana. Desde ese momento nacía

mutilada la Constitución sobre la cual se fundamentaría el nuevo Estado

dominicano.

Esa Constitución

dominicana de 1844 o Constitución

de San Cristóbal estuvo en vigor por 10 años, desde su promulgación

hasta su modificación el

25 de febrero de

1854

, tras la supresión del

artículo 210 que limitaba al poder Ejecutivo y ampliaba los poderes del

Congreso y la Suprema Corte. Posteriormente se le volvió a aplicar una

modificación 19 de febrero de 1858, fecha en que se proclamó la Constitución de Moca, la más democrática de la República

Dominicana.

[1]

Por Nelson Rudys Castillo

Ogando, Letrado del Tribunal Constitucional.

Presidente del Instituto Dominicano de Notario

Catedrático universitario,reside en Santo Domingo,República Dominicana.