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Proponen liberar elección de notarios al firmar contratos

Proponen liberar elección de notarios al firmar contratos

Varios

especialistas en cuestiones notariales propusieron agregar un artículo a la ley

notarial que garantice la libre elección para que el usuario no se vea obligado

a utilizar los servicios del notario seleccionado por la entidad con la cual

realice un contrato.

La

propuesta fue realizada a través del notario y catedrático, Dr. Nelson Rudys

Castillo Ogando, presidente del Instituto Dominicano de Derecho Notarial

INDONOTA, quien presentó ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados

una moción razonada cuyo objeto es garantizar que los usuarios puedan elegir

libremente el notario que prefieran para recibir este servicio.

“El actual sistema atenta

contra la libertad de contratación, garantizada por la Constitución y genera

monopolios por las alianzas entre las entidades financieras y ciertas notarías.

En mi experiencia personal he tenido

clientes que han querido firmar una hipoteca conmigo (no sólo porque me conocen

y confían en mí, sino porque entienden que es su derecho) y el banco les ha

impuesto un notario al que tienen que pagarle sin verlo y ni siquiera

conocerlo,”

expresó el proponente.

Cuando una

persona adquiere un crédito hipotecario, la entidad financiera tiene

predeterminado el nombre del notario que realizará la formalización de los

contratos, sin que haya para el cliente una libertad de elección. Con la

intención de cambiar esa forma de contratar, y que la protección al consumidor

sea verdaderamente efectiva, “las entidades financieras no deben obligar a

un usuario a hacer sus trámites con determinadas notarías. Esa situación es

violatoria de la ley sobre derechos del consumidor e impide que haya libertad

de elección, sobre todo cuando es el usuario el que paga por este servicio”, señaló

Castillo Ogando.

Bajo ese

enfoque, se persigue incorporar un artículo a la Ley 140 de 2015, sobre el

Notariado y que instituye el Colegio Dominicano de Notarios, con el siguiente

texto: “El Estado reconoce y garantiza el derecho del usuario a utilizar

el notario de su libre elección en los contratos que celebren con cualquier

tipo de empresa, siempre que los costos del servicio notarial estén a cargo del

cliente.”

Enfatizó

que, se trata de evitar que los sectores financieros asuman el pago correspondiente

al servicio notarial y posteriormente lo trasladen al cliente bajo el concepto

de “gastos de cierre”, gasto administrativo u otro concepto similar; pues

de ser así, se incumpliría con la obligación legal de dar libertad de elección

al usuario. Con el cambio los clientes que contraten con esas entidades podrían

ahorrar hasta un 30 % en los “gastos de

cierre” y eso, “ni siquiera los

economistas más incrédulos niegan sus beneficios.”

“Los

usuarios, al haber libertad de elección, podrían contratar al notario que le

resulte más confiable, beneficiándose de una mayor competencia entre quienes

ofrezcan mejor servicio, no así en cuanto al pago, porque este es regulado por

una tarifa igual para todos fijada previamente por el Estado,”

concluyó

el experto en asunto notariales.

En

su opinión, la propuesta aplica, de manera semejante, a la Ley General de

Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, núm. 358-05, del 9 de

septiembre de 2005, ya que en su art. 105, literal e, numeral 8) considera como

infracción, en materia de defensa de los derechos de los consumidores y

usuarios, “… cualquier otra forma de presión al consumidor o usuario que

limite o altere su capacidad de decisión o libre consentimiento.”

Como

precedentes normativos, citó que en la Ley 87-01, que crea el Sistema

Dominicano de Seguridad Social, vigente desde el 9 de mayo de 2001, está

contemplada la libre elección como un principio rector. De igual modo, todo lo

extenso de esa ley reconoce al afiliado el derecho de seleccionar a la prestadora

de servicios que más le convenga. También, en la Ley General de Salud, 42-01,

se instituye que las modalidades de prestación de servicios de salud estarán

sujetas a regulación por parte de la administración del Estado para garantizar,

entre otros beneficios, “la libre

elección”.